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miércoles, 28 de enero de 2015

Realizan el primer juicio oral en el Distrito Federal

Fijan fianza en primer juicio oral de tipo penal; pagará 334 mil pesos y no podrá salir del DF

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero.- Después de una hora de audiencia en la sala siete de juicios orales penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), la juez de control Nelly Ivonne Cortés Silva decretó a un imputado su libertad bajo las reservas de ley, pero le solicitó, como medida cautelar, que garantizara una fianza de 334 mil pesos y avisarle si salía de la ciudad.
También lo instruyó a presentarse cada 15 días en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares durante el tiempo que dure su proceso.
Así, ayer se realizó por primera vez una audiencia dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio, en la que la juez 35 penal de delitos no graves abordó un caso de homicidio culposo agravado.
A 13 días de la entrada en vigor del sistema adversarial y ante el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; el presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, y el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, Cortés Silva determinó la legal detención de Francisco Javier Gutiérrez Aguilar, quien presuntamente manejaba alcoholizado cuando mató a un ciclista e hirió a otros dos.
Estos hechos ocurrieron el domingo pasado en los carriles laterales de Periférico Sur, antes de la Glorieta Vaqueritos, luego de que tres personas en bicicleta fueron embestidas por el conductor de un vehículo BMW con placas MMM-1728. La víctima mortal fue Rafael Guerrero, de 37 años, mientras que los otros dos ciclistas resultaron con lesiones diversas y uno de ellos se encuentra grave.
Por su parte, la defensa del procesado solicitó la duplicidad del plazo legal para presentar pruebas a su favor, por lo que será hasta el viernes a las 10:00 horas cuando la juez determine si vincula o no a Gutiérrez Aguilar a proceso.
Durante la audiencia, el imputado negó que hubiera estado ebrio al momento del incidente de tránsito y sostuvo que era una buena persona.
Al inicio del acto, la juez Cortés Silva, investida con su toga, pidió acreditarse a los representantes del Ministerio Público y a los defensores del procesado, y notificó a los presentes que la audiencia sería grabada en audio y video para quedar a disposición de consulta de las partes en el área respectiva del recinto.
Asimismo, hizo saber al inculpado sobre su derecho a mantener bajo reserva sus datos personales, lo consultó acerca del domicilio que proporcionó para recibir citaciones y notificaciones, y le apercibió que de no ubicarlo, se le considerará un evadido.
Asistida por dos litigantes, le consultó, además, si aceptaba la defensa de los mismos en todos los actos del proceso y le inquirió sobre si tenía claros todos y cada uno de sus derechos que le asisten.
Tras esto, el representante del Ministerio Público defendió la legal detención del imputado, mientras que la defensa  rehusó hacer alguna manifestación al respecto.
Una vez escuchado lo anterior, la juez Cortés Silva resolvió que la detención de Gutiérrez Aguilar estuvo apegada a los lineamientos constitucionales.
Destaca Mancera brevedad del proceso
 Luego de concluida la audiencia, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que en el anterior sistema penal escrito este caso hubiera sido mucho más largo y la resolución hubiera tardado años.
“Acabamos de ser testigos de una resolución que es la calificación de legal en la detención en una exposición directa del Ministerio Público, y ahora está formulando sus imputaciones hacia el hecho que se controvierte”, explicó.
Mancera calculó que el tiempo de resolución de este caso en particular no llegará a rebasar el mes antes de que se dicte sentencia.
“Comentábamos con el presidente del Tribunal (Superior de Justicia del Distrito Federal) que muy probablemente este asunto se esté resolviendo en un mes, dependiendo de las pruebas que se ofrezcan”, sostuvo.
El Ejecutivo local destacó que la transformación de los procesos penales en la capital del país es evidente con el nuevo sistema adversarial.
“Me parece que es un cambio de mentalidad. La mecánica y el desarrollo de los procedimientos es diametralmente opuesto a la manera tradicional”, aseguró.
En tanto, el magistrado presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, también destacó que se está frente a un cambio paradigmático en el sistema de juzgamiento de
los delitos.
“Es el día y la noche con el procedimiento anterior. Lo que dice el juez lo están oyendo todos, y estamos viendo cómo actúa.
“El papel no se ruboriza, el imputado sí. Ahora, el juez ve al inculpado todo el tiempo, se filma y presenta a los ojos de todo mundo”, indicó.
Sin embargo, Elías Azar lamentó que, por mandato de ley, los representantes de los medios de información no puedan grabar los juicios orales.
“Yo lamento mucho la disposición de  no permitir cámaras por disposición legal porque hubiera sido muy interesante, pero ustedes tienen las puertas abiertas de todas las audiencias, están las pantallas en las entradas de este modesto edificio pero muy funcional”, expuso.
El titular del TSJDF explicó que, al tratarse de un homicidio culposo agravado, el caso no requirió pasar por el proceso de mediación.
“Hay ilícitos en los que no se permite la mediación, otros en los que sí se permite.
“Quizá lo que pueda ser mediable es el tema de la reparación del daño, que no la responsabilidad penal. Eso no es mediable, la reparación del daño sí es mediable”, indicó.
Reconoció la labor de la juez  Cortés Silva al presidir la audiencia, pues se notó su preparación.
“Yo vi una juez bien, segura de lo que estaba haciendo, un Ministerio Público que venía bien preparado. Ojalá así sean todos los procesos, no porque sea éste el primero signifique que vienen mejor preparados todos.
“Estamos muy satisfechos, pero con lo que más satisfecho estoy es el trabajo horizontal que ejercieron los tres poderes de la Ciudad de México. O sea, muy buena coordinación con la Asamblea, buena coordinación del jefe de Gobierno y, sobre todo, la política de la ciudad de privilegiar el tema de reparación del daño de la víctima”, dijo.
Por su parte, el titular de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Rodolfo Ríos Garza, señaló que junto con este caso, ayer se iniciaron otros dos más por el delito de robo simple.
“Hasta el momento, como se señaló, está la primera audiencia que fue solicitada por el Ministerio Público, esta audiencia inicial, y se llevarán a cabo dos más el día de hoy (ayer).
“En los dos casos era robo agravado y le quitaron la agravante y, por lo tanto, se vuelve un robo simple”, detalló.
También dijo que desde el 16 de enero, la dependencia a su cargo ha iniciado un total de 747 carpetas de investigación, además de que se han recibido 194 casos en la Unidad de Mediación, de los cuales en 23 se ha firmado convenio.
Convence la oralidad en juicio familiar
El Observatorio Ciudadano de la Justicia entregó al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) una encuesta sobre el nivel de satisfacción de justiciables y litigantes con los juicios orales en materia familiar implementados desde agosto y cuyos resultados fueron favorables, según el presidente de esa organización, Ángel Corona Rodríguez.
El estudio destaca los altos porcentajes de satisfacción en rubros como el de amabilidad con la que son tratados y el nivel de preparación de jueces y demás personal de los juzgados de oralidad en la materia, así como con el tiempo de duración del proceso y la información que les es proporcionada en relación al juicio.
Los justiciables y abogados encuestados también respondieron con altos niveles de satisfacción en relación a la imagen del edificio y de los juzgados de oralidad donde se desarrollan las audiencias y, además, con la accesibilidad para conocer su expediente y con el lenguaje con el que les es explicado todo lo relacionado al juicio.
En el acto en que el Poder Judicial local recibió este documento, la consejera de la Judicatura del Distrito Federal, Sandra Luz Díaz Ortíz, en representación del presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, aseguró que la implementación de la oralidad en materia familiar se dio luego de años de trabajo que fructificaron con la propuesta de una ley en la materia presentada por el Ejecutivo local a la Asamblea Legislativa, que la aprobó.
Recordó los esfuerzos en materia de formación de jueces familiares en oralidad, y subrayó que esto permitió crear un modelo al interior del propio TSJDF en el que los propios jueces instruyeron a los futuros funcionarios que operan y operarán este sistema de justicia.
A su vez, el magistrado Antonio Muñozcano Eternod, quien ha encabezado los esfuerzos para poner en marcha y consolidar la oralidad en materia familiar, enfatizó que es la sociedad civil la que mejor evalúa, vigila y supervisa a la función jurisdiccional.

Determinan primera reparación integral de daño a víctima | Excélsior

Determinan primera reparación integral de daño a víctima

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero.- Por primera vez, desde que entró en vigor la Ley General de Victimas, se aprobó la primera reparación integral con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, a una víctima directa de violaciones a sus derechos humanos, específicamente por falta al debido proceso y a la libertad personal, así a como a sus padres.
Lo anterior luego de que lo determinara el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lo que permitirá albeneficiario recibir una bonificación de poco más de 800 mil pesos,además de otras medidas.
Se beneficiará a la víctima con una bonificación demás de 800 mil pesospor falta al debido proceso en sus derechos humanos
La CEAV, explicó en un comunicado que, “la víctima directa -identificada como V-001, cuyo nombre se omite para salvaguardar su seguridad y su identidad- fue detenida de manera arbitraria por autoridades federales y obligada a confesar que pertenecía a una organización criminal. Por dicha acusación, la víctima pasó 21 meses en prisión antes de que el juez le dictara sentencia absolutoria y determinara que hubo violaciones a sus derechos humanos”.
De lo anterior se determinó que “estos hechos afectaron profundamente a la víctima directa en el ámbito laboral, económico e incluso social, pues fue dañada su reputación por haber sido señalada como delincuente; así mismo, sus familiares sufrieron daño moral. En su búsqueda de justicia, se acercaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para solicitar asesoría y la reparación del daño. Como mandata la Ley General de Víctimas, la CEAV la reconoció como víctima directa y a sus familiares como víctimas indirectas en 2014”.
De acuerdo con el Artículo 27 de la ley de víctimas, la reparación integral debe comprender medidas de: restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. En este sentido, a la víctima directa se le brindaron las siguientes medidas de reparación:
a) Restitución: 1. Vinculación con las instituciones idóneas para facilitar su reincorporación al empleo. 2. Solicitar la eliminación de sus datos registrales de identificación relacionados con la causa penal que se seguía en su contra.
b) Rehabilitación: 1. La víctima y sus familiares recibirán atención médica permanente y atención psicológica o psiquiátrica a través de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 2. Para la víctima directa: informar a la institución correspondiente la resolución de la CEAV a fin de facilitar su reincorporación a sus estudios.
c) Compensación: Tomando como referencia estándares internacionales marcados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en casos similares, se determinó otorgar una cifra que asciende a 805,582.65 pesos, a fin de compensar los conceptos de: daño moral, lucro cesante, pago de gastos y costas judiciales, así como gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación.
d) Satisfacción: 1. Publicación de los resolutivos de la CEAV mediante los cuales se les reconoce su calidad de víctimas directa e indirectas. 2. En aras de conocer la verdad de los hechos de que fue objeto, instruir a la Dirección General de Asesoría Jurídica Federal para dar seguimiento a los procedimientos que lleven a determinar la responsabilidad de los servidores públicos que llevaron a cabo la detención.
e) No repetición: Que las Direcciones Generales de Políticas Públicas y de Vinculación Interinstitucional de la CEAV generen los mecanismos de coordinación con las instituciones idóneas para que, de considerarlo pertinente, se impartan cursos de capacitación dirigidos al personal de la institución involucrada, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de sus capacidades y salvaguardar los derechos humanos.
Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la Ley General de Víctimas (28 de noviembre de 2014) y, posteriormente, los Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (16 de enero de 2015), en sesión ordinaria, los cinco comisionados en funciones que integran el Pleno de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, Adrián Franco Zevada, Susana Pedroza de la Llave, Julio Hernández Barros y Carlos Ríos Espinosa, aprobaron un plan de reparación integral que incluye la compensación apropiada y proporcional a los hechos sufridos por estas víctimas directa e indirectas, convirtiéndose así en las primeras personas cuyo daño sería reparado por el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

martes, 6 de enero de 2015

Juan José Rodríguez Prats - Congresos locales

La política y la tuberculosis tienen el mismo remedio:a la luz del sol y al aire del día.              Woodrow Wilson




Hay instituciones de vieja estirpe en la democracia cuya función es
controlar el ejercicio del poder, están en la doctrina básica de la
división de poderes. Los ejecutivos estatales por mucho tiempo tuvieron
el contrapeso del poder central. Sabían que podían ser renunciados por
una orden presidencial. Con la alternancia en 2000, el PAN incurrió en
lo que podríamos denominar “la madre de todas sus equivocaciones”:
permitir el abuso de los gobernadores, a grado tal que éstos crearon una
institución absurda y anticonstitucional, la Conago, que ha resultado
inútil y costosa. Es sólo un escaparate para el lucimiento de los
“virreyes” estatales. No han funcionado los congresos locales y las
instituciones que se fueron creando para la vigilancia de los derechos
humanos, para la transparencia y el acceso a la información, para llevar
a cabo elecciones, para administrar la justicia, todos ellos órganos
colegiados (lo cual permite diluir responsabilidades), han estado
sometidos al poder de los gobernadores.




Cuando he reclamado a diputados locales que aprueban cuentas públicas
y presupuestos a cambio de dádivas, la respuesta es: “Todos lo hacen”,
una frase que es la negación de todo principio ético. Esto es,
resignarnos, seguir con la inercia, perdiendo todo ánimo de cambio. Es
una frase que nos revela crudamente la magnitud de nuestra crisis
política y moral.




Cuando empezó a darse la alternancia en Baja California, Chihuahua,
Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, se estableció una relación diferente
entre ejecutivos y Poder Legislativo: se cambiaron viejas prácticas
políticas, se avanzó en la transparencia y en la rendición de cuentas.
Sin embargo, este esfuerzo se fue perdiendo, y el desempeño en los
últimos años ha sido deplorable. ¿Cómo es posible que el Congreso de
Guerrero no haya detectado lo que estaba sucediendo en Iguala, o que el
Congreso de Coahuila jamás se haya percatado de la descomunal deuda
pública que hoy padece ese estado? En el Congreso de Sonora se ha
llegado al absurdo: el Ejecutivo asigna recursos económicos a los
diputados para su manejo personal en la presentación del Presupuesto,
rompiendo con la más elemental doctrina de la división de poderes.




La frase viene desde el derecho romano: Quis Custodiet ipsos Custodes?
¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién obliga a los diputados locales a
ejercer la función de control del poder del ejecutivo estatal y de los
ayuntamientos? Es escandaloso y no tenemos aún cifras confiables del
endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales. La corrupción de
los diputados locales rebasa con mucho la de los legisladores
federales, incurriendo en complicidad para dilapidar los recursos del
pueblo de México. Desde luego, hay excepciones.




La frase se atribuye a algún priista que con descaro llegó a decir:
“Somos corruptos pero sabemos gobernar”. ¿Pueden ser compatibles un
gobierno eficaz y la deshonestidad? Mi respuesta es un rotundo no.
Nuestra condescendencia en esta materia nos ha llevado a la crisis
actual.




Para mejorar los congresos locales sólo un remedio ha dado resultado
en las democracias consolidadas: la exigencia ciudadana. El año próximo
se renovarán 15 congresos locales. Los gobernadores se tornan
condescendientes en que los municipios sean ganados por opositores, pero
cuidan que sus congresos estén integrados por individuos afines,
financiando sus campañas y permitiendo actos anticipados, violando la
ley electoral.




El Congreso de la Unión no es la instancia jurídicamente competente
para frenar el abuso de gobernadores y alcaldes. La vía correcta es la
integración de congresos locales y cabildos de conformación
mayoritariamente opositora, capaz de exigir cuentas. La ciudadanía debe
entender que tiene el poder para vigilar al vigilante y, por lo tanto,
mejorar su desempeño.

Juan José Rodríguez Prats - ¿Una nueva Constitución?

¿Cómo saber si la Constitución vigente ya no sirve si nunca se ha aplicado en forma estricta, universal y sin excepciones? Luis Carlos Ugalde




En México no hacemos leyes para cumplirlas, sino para cobijarnos de
nuestras ineptitudes y falencias. No son documentos jurídicos,
estrictamente hablando, sino instrumentos demagógicos. De ahí su
vertiginosa velocidad de cambio y su brecha cada vez más profunda entre
lo prescrito y lo que en la realidad acontece. Alarma y preocupa que la
solución sea tan elemental como lejana: cumplir la ley.


El derecho siempre es insuficiente y por lo tanto perfectible. Pero
de eso a pretender que todo debe arrancar con una ley para corregir
algo, es una política legislativa equivocada. La izquierda nunca confió
en el derecho para hacer justicia. Carlos Marx ubicaba
las leyes como parte de la superestructura y determinadas por la
infraestructura; es decir, las relaciones de producción. Veía al derecho
como el escudo en el que se protegía la burguesía para preservar sus
privilegios. A la muerte de Marx, Engels reconoce cierta interrelación y le concede a las normas jurídicas una mínima posibilidad de alcanzar fines sociales.




Cuauhtémoc Cárdenas llamó recientemente a crear una
nueva Constitución que permita a México salir de la “profunda crisis en
la que lo ha hundido el entreguismo, la corrupción y la ineficacia”. Porfirio Muñoz Ledo
y algunos de sus seguidores hablan de una constitución para la Ciudad
de México, lo cual trastocaría aún más un gobierno fraccionado que ha
dañado enormemente el otorgamiento de los servicios públicos. Me deja
perplejo el grado de ingenuidad o de mala fe el creer que la
modificación de un texto jurídico, que no goza de prestigio, pueda
resolver la problemática nacional o local.




En los inicios del porfiriato se dio un debate entre José María Vigil y Justo Sierra.
El primero, como buen liberal, buscaba el cambio e insistía en reformar
leyes. Sostenía que cuando una sociedad se desquicia, es preciso
reforzar el centro de cohesión y entre otros elementos señalaba al
derecho. El segundo, por el contrario, ya con influencia positivista,
expresaba: “El progreso no está a merced de los soñadores ni se fabrica
por medio de códigos políticos, sino que se efectúa lenta y
trabajosamente (…) en virtud de una revolución se redactan
constituciones, éstas flotan en las superficies de las sociedades como
las palmas acuáticas sobre las corrientes, sin tocar con sus raíces el
fondo”. Sierra hace una afirmación que es preludio de
la dictadura: “Ya hemos realizado infinidad de derechos que no producen
más que miseria y malestar en la sociedad. Vamos ahora a ensayar un poco
de tiranía, pero tiranía honrada”.




Esta discusión se repite en la historia de México. Antes se había dado entre Lucas Alamán y José María Luis Mora y, después de la Revolución, entre Emilio Rabasa y Daniel Cosío Villegas a través de sus textos. Ahora, tiene una enorme vigencia.




El derecho es un instrumento de cambio, desde luego, pero exige un
conocimiento previo de la realidad y de las maneras de modificarla. El
derecho sigue y guía a la realidad. Los juristas más preclaros que sí lo
han sabido entender han logrado cambios legales que, con suficiente
pragmatismo, han devenido instrumentos de justicia.




En las propuestas presidenciales no hay nada nuevo, sólo refritos.
Una consulta popular en espera de soluciones mágicas debe ser desechada
por costosa e infructuosa. Las buenas leyes son consecuencia de mentes
privilegiadas dedicadas al estudio. De ahí pasan a las asambleas para su
legitimación y difusión. Si a estas alturas todavía debemos preguntar
qué hacer, la crisis es entonces más grave de lo que suponíamos.




Peña Nieto está muy lejos de lo que ofreció en mayo
de 2012 como candidato. A ese planteamiento debe remitirse en un mínimo
ejercicio de congruencia.