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En México, la fragilidad de la libertad de prensa representa una
situación crítica a pesar de ser un derecho fundamental para un estado
moderno con aspiraciones democráticas. La concentración de medios, la
falta de competencia y el acceso desigual a nuevos canales de
comunicación, generan dificultades estructurales para el ejercicio de la
libertad de prensa. Sin embargo, estas circunstancias se han visto
agravadas por el clima de inseguridad y la inacción gubernamental.
El periodismo enfrenta condiciones que dificultan y hacen particularmente riesgoso el ejercicio de la profesión. Por una parte, la violencia y el imperio de la delincuencia organizada impiden el acceso seguro en algunos territorios y la investigación profesional, incluso de temas cotidianos de interés local. Casos como el del locutor radiofónico Armando Saldaña Morales—cuyo cuerpo fue hallado el 4 de mayo en la frontera entre los estados de Oaxaca y Veracruz— y el de Moisés Sánchez –el periodista asesinado en enero de este año en las cercanías del municipio veracruzano de Medellín—, se suman a decenas más de periodistas que han perdido la vida en manos de grupos delincuenciales que actúan bajo el amparo de la inacción gubernamental y, en el peor de los casos, en contubernio con las mismas autoridades. Por otra parte, en lugar de que las instituciones mexicanas respaldaran y protegieran más enérgicamente el ejercicio del periodismo dadas las críticas circunstancias de seguridad del país, las acciones gubernamentales se han caracterizado por su poca efectividad. Basta ver los escasos resultados de la Fiscalía expresamente creada dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) para perseguir e investigar los delitos cometidos en contra de quienes ejercen el derecho de prensa, la libertad de expresión, o el derecho a la información. Hasta el momento, no se ha presentado una estrategia integral de protección a periodistas y tampoco se han esclarecido los homicidios cometidos hasta ahora. Lo anterior, lejos de acercar alguna solución al problema, ha fomentado un clima de vulnerabilidad e impunidad que, como pronunció el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, en un comunicado emitido el mismo Día Internacional de la Libertad de Prensa (3 de mayo), “incentiva a más ataques y a la autocensura”.
Más que en ninguna otra etapa de la historia contemporánea en México, la criminalidad coloca en serio riesgo no sólo a la libertad de prensa, sino al derecho a la información. Al respecto es importante destacar que, a pesar de soler considerar estas garantías como accesorias, son un componente fundamental de las democracias liberales, pues incrementan el pluralismo, fomentan la diversidad, facilitan la interlocución efectiva entre autoridades y ciudadanía, permiten el escrutinio sobre el ejercicio de la función pública, y generan contenidos de calidad para el debate de temas de interés público. Dada la importancia de estos derechos, es igualmente preocupante la respuesta defensiva que han generado diagnósticos críticos, como el del reporte 2015 de Freedom House, en el cual se señala que México es de los países más riesgosos para ejercer el periodismo, una situación en pleno agravamiento a lo largo del último decenio. Ahora bien, sean uno o sean mil los periodistas asesinados por estar ejerciendo su profesión, y sea la causa de los homicidios una razón política o meramente delincuencial, el periodismo en una democracia moderna no debería suponer un riesgo abierto y, sobre todo, impune.
Las instituciones mexicanas tienen la obligación constitucional de proteger las libertades civiles y políticas. Esto representa un factor indispensable para el éxito de cualquier política pública orientada a impulsar el progreso social y económico. Además, es incongruente legislar en materia de transparencia con un proyecto visionario y, al mismo tiempo, ignorar la fragilidad que caracteriza a la libertad de prensa en el país. Asimismo, es abominable que haya márgenes para que una autoridad, en el nivel y función de gobierno que sea, aproveche este escenario de caos en materia de inseguridad, con el objetivo de alimentar la autocensura y desincentivar el desarrollo de medios de comunicación fuertes, independientes, y plurales. Esto último, se supone ya está garantizado, entre otros instrumentos jurídicos, por la flamante Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se trata de aplicar la ley, aunque eso cada vez más parece un exotismo en México.
El periodismo enfrenta condiciones que dificultan y hacen particularmente riesgoso el ejercicio de la profesión. Por una parte, la violencia y el imperio de la delincuencia organizada impiden el acceso seguro en algunos territorios y la investigación profesional, incluso de temas cotidianos de interés local. Casos como el del locutor radiofónico Armando Saldaña Morales—cuyo cuerpo fue hallado el 4 de mayo en la frontera entre los estados de Oaxaca y Veracruz— y el de Moisés Sánchez –el periodista asesinado en enero de este año en las cercanías del municipio veracruzano de Medellín—, se suman a decenas más de periodistas que han perdido la vida en manos de grupos delincuenciales que actúan bajo el amparo de la inacción gubernamental y, en el peor de los casos, en contubernio con las mismas autoridades. Por otra parte, en lugar de que las instituciones mexicanas respaldaran y protegieran más enérgicamente el ejercicio del periodismo dadas las críticas circunstancias de seguridad del país, las acciones gubernamentales se han caracterizado por su poca efectividad. Basta ver los escasos resultados de la Fiscalía expresamente creada dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) para perseguir e investigar los delitos cometidos en contra de quienes ejercen el derecho de prensa, la libertad de expresión, o el derecho a la información. Hasta el momento, no se ha presentado una estrategia integral de protección a periodistas y tampoco se han esclarecido los homicidios cometidos hasta ahora. Lo anterior, lejos de acercar alguna solución al problema, ha fomentado un clima de vulnerabilidad e impunidad que, como pronunció el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, en un comunicado emitido el mismo Día Internacional de la Libertad de Prensa (3 de mayo), “incentiva a más ataques y a la autocensura”.
Más que en ninguna otra etapa de la historia contemporánea en México, la criminalidad coloca en serio riesgo no sólo a la libertad de prensa, sino al derecho a la información. Al respecto es importante destacar que, a pesar de soler considerar estas garantías como accesorias, son un componente fundamental de las democracias liberales, pues incrementan el pluralismo, fomentan la diversidad, facilitan la interlocución efectiva entre autoridades y ciudadanía, permiten el escrutinio sobre el ejercicio de la función pública, y generan contenidos de calidad para el debate de temas de interés público. Dada la importancia de estos derechos, es igualmente preocupante la respuesta defensiva que han generado diagnósticos críticos, como el del reporte 2015 de Freedom House, en el cual se señala que México es de los países más riesgosos para ejercer el periodismo, una situación en pleno agravamiento a lo largo del último decenio. Ahora bien, sean uno o sean mil los periodistas asesinados por estar ejerciendo su profesión, y sea la causa de los homicidios una razón política o meramente delincuencial, el periodismo en una democracia moderna no debería suponer un riesgo abierto y, sobre todo, impune.
Las instituciones mexicanas tienen la obligación constitucional de proteger las libertades civiles y políticas. Esto representa un factor indispensable para el éxito de cualquier política pública orientada a impulsar el progreso social y económico. Además, es incongruente legislar en materia de transparencia con un proyecto visionario y, al mismo tiempo, ignorar la fragilidad que caracteriza a la libertad de prensa en el país. Asimismo, es abominable que haya márgenes para que una autoridad, en el nivel y función de gobierno que sea, aproveche este escenario de caos en materia de inseguridad, con el objetivo de alimentar la autocensura y desincentivar el desarrollo de medios de comunicación fuertes, independientes, y plurales. Esto último, se supone ya está garantizado, entre otros instrumentos jurídicos, por la flamante Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se trata de aplicar la ley, aunque eso cada vez más parece un exotismo en México.
